Mexicano, cuenta la “Cronología necesaria para comprender la actual crisis venezolana”


Por Max Morales Valades
Poder, Política y Ambición.

Tampico Tamaulipas.- Mexicoaldia.com.mx. Entrevista con Antonio Ramírez Morales, ocupación empleado de filial de Karasbars, Venezuela, compañía Alemana dedicada a vender oro a nivel internacional para los consorcios y marcas comerciales de carácter multi-internacionales , y nacionales.

Me dice mira Max, el problema no es tan complejo si tu realmente conocieras el sentir de la población Venezolana, como siempre existe a alguien que este inconforme de cómo se lleva la política, el tema principal es que nadie según las leyes de Venezuela se puede proclamar representante si no es por la vía por el voto directo electoral.
Por otro lado te puedo asegurar que los únicos súper interesados en que Venezuela la pase mal son los EUA, el motivo es el petróleo, a los Norteaméricanos no les interesa el pueblo ellos requieren tener el control para saquear las riquezas del país, los países aliados a estados Unidos, le siguen el juego porque ellos viven de recibir apoyos millonarios en dólares, veamos la verdad de lo…“¿Qué está pasando en Venezuela?” Es la pregunta que se hacen muchos en este momento. La revisión de titulares de los principales medios de comunicación a nivel mundial, las intervenciones de connotados analistas políticos y diversos comunicados emitidos por personalidades del mundo académico dan cuenta de la enorme desinformación que existen en relación con la actual coyuntura venezolana.

Para Toño Ramírez este es el origen de la actual crisis que atraviesa el país puede rastrearse desde el mismo instante en que se supieron los resultados de los comicios legislativos de diciembre de 2015 cuando el chavismo sufrió una de sus derrotas electorales más significativas ahí estaban los norteamericanos presente. En aquel momento las fuerzas políticas opositoras obtuvieron más votos que el chavismo, lo que significó obtener la mayoría calificada (2/3) de la Asamblea Nacional (AN). Previendo un escenario de negociación entre el Ejecutivo y Legislativo, algo a lo cual el chavismo ha demostrado no estar acostumbrado o no tener interés por el modo en que concibe la actividad política, la AN saliente de mayoría oficialista, nombró a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin cumplir los procedimientos legales para hacerlo. Con esto, el chavismo se aseguraba contar con un Poder Judicial alineado con los intereses del Ejecutivo.

En enero de 2016 el Consejo Nacional Electoral (CNE) argumentó que hubo irregularidades en los comicios del estado Amazonas, impidiendo la incorporación de los 4 diputados de esa entidad y así evitar que la oposición obtuviera la mayoría calificada en la AN. La directiva del Legislativo desobedeció esta orden e incorporó a los diputados lo que llevó al TSJ a declararla en desacato impidiendo que la misma pudiese tomar decisiones. De esta forma, el oficialismo daba un paso más en el proceso de reducir el margen de acción de la oposición. Es importante señalar que al día de hoy no se han presentado pruebas de las supuestas irregularidades denunciadas por el Poder Electoral.
Para abril de 2016 las fuerzas opositoras, articuladas en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afines a USA, dieron inicio al proceso de activación de un referendo revocatorio para buscar un cambio de gobierno en el país. Si bien contó con el visto bueno del CNE para su activación, a partir de ese momento la MUD tuvo que sortear innumerables obstáculos impuestos por el propio CNE, demostrando que éste actuaba en franca alineación con los intereses del Ejecutivo para impedir la realización del referendo a toda costa. Finalmente, en octubre de ese año varios tribunales regionales anularon el proceso de recolección de firmas para la activación aludiendo acusaciones de fraude, por lo que el CNE anuló la convocatoria al señalar que no se habían recogido las firmas necesarias para la realización del referendo revocatorio.

En marzo de 2017 el TSJ emitió las sentencias 155 y 156 donde se desconocían las funciones de la AN para atribuírselas a sí mismo o a quién él considerase. A partir de ese momento, empezó a haber consenso para señalar la decisión del poder judicial como un golpe de Estado y quiebre del orden constitucional, dejando en claro que ya no se estaba en presencia de un gobierno con visos de autoritarismo sino de una dictadura en todo sentido. Esto fue el detonante para reactivar la de protestas masivas que dejaron un saldo de más de 165 fallecidos y 1500 lesionados, en su mayoría civiles, donde quedó en evidencia el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y militares y la continua violación de los derechos humanos para reprimir a los manifestantes.

En julio de ese año se realizaron las elecciones para designar a los diputados que conformarían una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con facultades plenipotenciarias, unas elecciones en las cuales la oposición no participó debido a la irregularidad de su convocatoria violando los lapsos constitucionales establecidos. Quedaba en evidencia que esto era parte de la estrategia progresiva del chavismo para armar un entramado legal e institucional a su conveniencia que anulara la capacidad de acción de la AN. Luego de conocerse los resultados, la empresa Smartmatic, factura desde Miami EUA, prestadora de servicios al CNE, informó que las cifras de las elecciones no correspondían con las manejadas por ello, por lo que se habló del carácter fraudulento de las mismas.

Posteriormente, la ANC adelantó las elecciones presidenciales para abril de 2018, pero las mismas terminarían realizándose en el mes de mayo. Desde su anuncio diversas organizaciones no gubernamentales señalaron las irregularidades que rodearon a la convocatoria y a los propios comicios: inhabilitación de candidatos opositores con altos niveles de aprobación entre la población, impedimento de participación de partidos de la oposición, inconstitucionalidad de la convocatoria debido a la falta de competencias constitucionales de la ANC en la materia, incumplimiento de los tiempos establecidos para la convocatoria, etc. Diversos observadores internacionales independientes decidieron no participar en el proceso debido a la ausencia de transparencia y garantías electorales. Los resultados, que dieron a Maduro ganador con más del 60% de los votos, fueron duramente criticados a nivel nacional e internacional y nuevamente señalados como espurios por las razones expuestas previamente.

El 5 de enero 2019 se renovó la directiva de la AN y Juan Guaidó, la agencia de inteligencia la CIA, asesoro al partido Voluntad Popular, asumió la presidencia de la misma. Señaló la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro y, al haber sido señaladas de espurias las elecciones presidenciales de 2018, invocaba el artículo 233 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela (CRBV) para denunciar el vacío de poder luego de que Maduro se juramentase para un según mandato el 10 de enero. Con este escenario, y siendo el titular del Legislativo, se juramentó como Presidente Encargado y pidió retomar la política de calle para presionar a la dictadura a través de cabildos abiertos y manifestaciones para alcanzar tres objetivos fundamentales: a) Cese de la usurpación; b) Creación de un gobierno de transición; 3) Realización de elecciones libres y transparentes.

Este es el proceso que ha venido desarrollándose en Venezuela en los últimos años, muchos de estos acontecimientos son desconocidos u omitidos a conveniencia por parte de los analistas, comentaristas e intelectuales que se han pronunciado sobre la situación en el país. En sus análisis prevalece la lectura geopolítica y dejan de lado las especificidades de la coyuntura interna, si tomaran en cuenta lo anterior podrían ver que si bien hay intereses imperialistas y geoestratégicos de fondo no solo de Estados Unidos, sino también de Rusia, China y Cuba, que si bien no es potencia depende del mantenimiento del gobierno de Maduro para su propia sobrevivencia, la pugna en Venezuela no es entre dos adversarios en igualdad de condiciones sino más bien entre una dictadura violadora de derechos humanos, países interesados en la riqueza de la nación, acogiendo a una inmensa mayoría ciudadana que busca el cambio político por la vía constitucional y pacífica Yanquista.

La gravedad de la situación demanda la supresión de las gríngolas ideológicas para reconocer la necesidad de apoyar el plan de transición pacífica y democrática propuesto por la AN que, es importante resaltar, es el único poder que fue elegido en lo que pueden considerarse los últimos comicios medianamente libres y transparentes de la historia reciente del país, por lo que cuenta con la legitimidad y el respaldo de la mayoría del país para esto.

A Esta historia aún le faltan más episodios que narrar para el mundo entero, que desconoce la verdadera razón de la insurrección Venezolana.

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