¡La sociedad Veracruzana aún recuerdan cuando el gobernador Yunes Linares se mofaba del mal resultado en temas de la inseguridad de Javier Duarte de Ochoa, hoy el estado esta peor que antes
Veracruz en estado los niveles de la delincuencia han subido. Desde la llegada del gobierno panista-perredista de Miguel Ángel Yunes Linares, la inseguridad es uno de los principales pasivos de la administración. Era claro que aquella promesa de campaña de acabar en seis meses con el clima de violencia, asesinatos, secuestros y delitos de toda índole no fue más que una estrategia electoral, atractiva en efecto para una sociedad agobiada además por la impunidad y la corrupción gubernamental.
Sin tener una estrategia clara, excepto la compra de equipo y la millonaria inversión en cámaras de vigilancia, la situación empeoró de tal manera en el último año que los índices de inseguridad y violencia han superado ya los peores momentos del gobierno anterior. Dada la visión autárquica del gobernador para ejercer el poder, es de suponerse que privilegiara su interés por administrar económicamente el presupuesto destinado a seguridad pública con funcionarios absolutamente leales, pero sin capacidad ni conocimiento para enfrentar con éxito al enorme entramado de la delincuencia organizada y sus múltiples formas de expresión.
MAYL, buscó así una salida lateral y política al embrollo en que se metió por las consideraciones anteriores e inició acercamientos formales –la entrega de la medalla Ruiz Cortines a las fuerzas armadas y la defensa que hizo a la ley de Seguridad Interior propuesta por el gobierno federal– ante la ola de ejecuciones, secuestros y el sentimiento de incertidumbre que afecta a la población; también pidió ayuda de la Federación para incrementar la presencia militar en puntos calientes de la entidad, principalmente Coatzacoalcos, Córdoba y más recientemente Xalapa y, al mismo tiempo, presionar a las nuevas autoridades municipales, en especial a las de oposición, para que aceptaran hacerse cargo de las policías y con eso compartir con los ayuntamientos los índices de delincuencia que tienen a Veracruz en los primeros lugares del país.
En el fondo, la decisión de Yunes Linares fue de asimilar el mismo modelo de Javier Duarte de la colocación de retenes –criticado por cierto en su momento por el panista como una forma equivocada de atender el conflicto– responde esencialmente al proceso de militarización de la seguridad pública en México, iniciado en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, en la que por cierto, el gobernador ocupó diversos cargos.
Todo es Igual que aquel segundo gobierno de alternancia, el veracruzano ha seguido fiel al guion que instituyó su protector y por ello no es de extrañar que militarizar –o “compartir responsabilidades” con las fuerzas castrenses– es la única solución que se le ocurre para enfrentar dicho problema, que no es el único, pues va de la mano con la descomposición de los cuerpos de seguridad pública y justicia penal.
Las fuerzas armadas aún cuentan con aceptación y reconocimiento social, su prolongada exposición a labores de seguridad pública y la injerencia de los militares en temas ajenos a su motivo original ha mermado su legitimidad social y propicia que, paulatinamente, los gobiernos puedan llegar a quedarse sin ese importante recurso institucional para enfrentar al crimen organizado. Aunque es pronto para ver los resultados del incremento de rondines militares en las ciudades, la militarización del estado es un hecho consumado, con todas sus consecuencias positivas o negativas.
