Simulo combatir el secuestro, por eso hay investigaciones contra ellos; con la nueva fiscal, ahora se les hace frente y se han ido bajando poco a poco los índices de este tipo de delito, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. La agrupación civil “Alto al Secuestro” indicó que el estado de Veracruz se mantiene en el primer lugar de este delito, de acuerdo con una evaluación llevada a cabo desde el inicio de esta nueva administración.
Cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal informó que poco a poco han ido bajando los índices de este delito en la entidad, ya que el anterior gobierno y la Fiscalía permitieron la operación de varias bandas. Reconoció que durante el primer año de su gestión, cuando todavía estaba al frente Jorge “N” como fiscal general del estado, se permitió este tipo de delito, como parte de la estrategia para golpear a su administración.
Sin embargo, al entrar al relevo Verónica Hernández Giadáns se ha establecido una estrategia con la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS) y se ha detenido a estos grupos, pero además se le da seguimiento al proceso, logrando condenas que van de 30 a 90 años de prisión. Explicó que este delito debe ser atendido por las fiscalías estatales y en Veracruz, durante el bienio anterior, se simuló trabajar para combatirlo, permitiendo que creciera a niveles desproporcionados.
Por omisión de sus funciones en este delito, se abrió una carpeta de investigación contra el ex fiscal Jorge “N”, Pucheta “N” y otros tres mandos de la unidad y Policía Ministerial, quienes hicieron un grave daño a la sociedad.
Hasta el momento se han hecho detenciones de bandas y cabecillas de secuestradores en Tuxpan, Martínez de la Torre y el sur de Veracruz, por lo que se sigue trabajando para ir disminuyendo los eventos de este delito de alto impacto.
Xalapa, Ver.- De acuerdo con la auditoría practicada por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) a la cuenta pública del 2019, el ex fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, quien aún está catalogado como prófugo de la justicia, dejó un presunto daño patrimonial por 1 millón 586 mil 954.14 pesos en el ejercicio 2019.
El presunto quebranto financiero, se originó por adjudicaciones directas que no presentan evidencias documentales que compruebe la recepción de bienes y/o prestación por los servicios de mantenimiento de equipos de investigación, destinados a laboratorios y centros clínicos desarrollado con tecnologías propias de aire limpio y calibración de microscopios de precisión para el análisis de microestructuras.
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